La complejidad de nuestra legislación y el sistema exageradamente reglado, rico en trámites y procedimientos, en el que se la da primacía a la ritualidad de las formas, ha llevado a que el aparato jurisdiccional, como opción estatal no cumpla con los fines de eficacia y eficiencia en la solución de los conflictos que a diario los ciudadanos en ejercicio de su derecho de acción les presentan.
Sumado a lo anterior, la existencia de fenómenos como congestión, impunidad y corrupción, se constituyen en fiel reflejo de la crisis aguda por la que a traviesa la justicia formal en Colombia, junto con el desgaste que la misma soporta gracias a la cultura de la judicialización de las diferencias por desconocimiento de los profesionales del derecho de otras opciones como lo son los Mecanismos Alternos de solución de conflictos y por no estar preparados para abordar lo que implica la negociación de conflictos.