En los años 80 y 90 un movimiento reformador se difundió por Latinoamérica, en la búsqueda de un juicio oral y la instauración de un sistema acusatorio que se adaptara a las nuevas realidades políticas de estos países. El código modelo para Ibero América es un ejemplo de estos esfuerzos. Varias instituciones jurídicas propias del sistema anglosajón fueron tenidas en cuenta a la hora de elaborar los nuevos códigos de procedimiento penal, entre ellas, las relacionadas con el principio de oportunidad y gradualmente se ha ido adoptando en las legislaciones del continente, generalmente como excepción al principio de Legalidad.