Las nuevas disposiciones de la Constitución Nacional de Colombia sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, responsabilizan a las cajas de Compensación familiar y las demás entidades públicas o privadas que presten servicios y ampliar la cobertura bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En el mismo sentido, las políticas socio-económicas del gobierno dan especial importancia a la educación, la vivienda y la salud por el impacto social que estan necesidades básicas representan en la protección y desarrollo.